¿Quién hay detrás de las agencias de calificación de las que se ha hablado tanto en el curso de la crisis financiera? ¿Y qué criterios de trabajo siguen? ¿Por qué campan a sus anchas sin
que nadie haga nada? Si nos adentramos en las prácticas de las agencias de calificación, veremos que la base de su poder estriba tanto en la función de supervisión estatal y supraestatal que les ha sido atribuida por gobiernos e instituciones políticas nacionales e internacionales, como en su estructura de propietarios capaz de asegurarse las complicidades políticas necesarias de estos organismos. Son estas complicidades las que han permitido desregular los mercados financieros hasta convertir a las agencias en juez y parte de un juego de casino global en que el que la banca siempre gana. A esto se añade una fomentada e inteligente política de rotación de directivos entre cargos políticos, asesores presidenciales, empresas públicas y agencias, multinacionales, bancos y fondos de inversión, las famosas «puertas giratorias» que aseguran fidelidades y el control directo de las estructuras políticas. En tanto que supuestos vigilantes objetivos e independientes del mercado, ayudan a sus propietarios a apoderarse de empresas, servicios públicos, Estados y economías nacionales completas. Su negocio no es la devolución de la deuda, sino el crecimiento exponencial de la misma. Para conseguir su objetivo disponen de un alto repertorio de prácticas que van desde
las calificaciones indicativas o las calificaciones no solicitadas hasta la escenificación de crisis o la intervención directa en las políticas internas «aconsejando» recortes sociales.
Estas consentidas prácticas fraudulentas y extorsionadoras han convertido a las agencias en una lucrativa máquina de expolio continuado y en uno de los pilares fundamentales del
poder actual del capital.